El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que durante las audiencias realizadas los días 7 y 12 de agosto, un total de 17 implicados en el ataque mercenario autodenominado “Operación Gedeón”, admitieron su responsabilidad en los hechos por los cuales fueron acusados, reseñó este viernes Venezolana de Televisión en su portal web.
” Todos estos hechos han sido corroborados por los implicados, que han admitido su responsabilidad y por aquellos que han optado por la figura de la delación”, añadió el Fiscal.
Recordó que esta operación tenía entre sus objetivos secuestrar al Presidente de la República y otras autoridades con el fin de trasladarlos forzosamente hacia los Estados Unidos e instalar un gobierno títere.
Además, tenían previstos ataques a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, contra la infraestructura de comunicaciones; así como la toma del aeropuerto internacional de Maiquetía.
También recordó que esta acción sería desarrollada por mercenarios entrenados en Colombia y dirigidos por el contratista de seguridad estadounidense Jordan Goudreau, tras una contratación autorizada y financiada por Juan Guaidó y sus delegados, Juan José Rendón y Sergio Vergara. En el contrato estos terroristas se comprometieron a pagar a Silvercorp 213 millones de dólares, entre otros beneficios que saldrían de las arcas públicas del país.
“Ellos seleccionaron a la empresa contratista de seguridad estadounidense Silvercorp para llevar a cabo semejanta acción aberrada”, indicó.
Asimismo, informó que desde el 3 de mayo cuando fueron detenidos los primeros mercenarios y otros fueron abatidos cuando trataban de desembarcar en la costa de Macuto, las autoridades detuvieron en distintas operaciones a un total de 82 personas, entre mercenarios, militares desertores y activos, así como civiles involucrados en la operación como financistas y apoyo logístico.
“A todos estos involucrados se les incautaron camionetas adaptadas para portar ametralladoras de alta potencia, equipos tácticos, 4 rifles, 21 pistolas, 3 ametralladoras calibre 7,62, 10 fusiles, 1 escopeta y numerosas municiones de varios calibres”, precisó el Fiscal General.
También detalló que durante la ardua investigación realizada se llevaron a cabo 25 allanamientos: 2 en Distrito Capital, 18 en Miranda, 3 en Anzoátegui y 2 en el Zulia.
Por estos hechos se han solicitado 104 órdenes de aprehensión por parte del Ministerio Público, de las cuales 53 están por ejecutarse.
Se pudo conocer que el pasado 7 de agosto se realizó la primera audiencia preliminar ante el Tribunal 4º de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional, en la que Airan Seth Berry y Luke Alexander Denman, de nacionalidad estadounidense, decidieron de manera libre y sin coacción acogerse a una de las formas alternativas de consecución del proceso como es la admisión de los hechos.
Ambos ciudadanos estadounidenses fueron condenados por el referido juzgado por la comisión de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo por lo que afrontan una pena de 20 años, 7 meses y 9 días de prisión, cómputo que fue aplicado en virtud de la rebaja de un tercio de la pena por la admisión de los hechos, más la mitad por haberse acogido a la figura de la delación.
Por su parte, en la continuación de esta audiencia preliminar realizada el 12 de agosto, otros 15 ciudadanos se acogieron también de forma voluntaria, asistidos por sus defensores, a la figura de la admisión de los hechos, entre ellos: Antonio José Sequea Torres (líder del grupo, vinculado al intento de golpe de Estado del 30 de abril), Cosme Rafael Alcalá, Fernando Andrés Noya, Estewin Andrés Rojas, Luis Manuelo Paiva, Ederson Robertto Rumi, Rosmel Edecio Méndez, Gustavo Adolfo Hernández, Rodolfo Jesús Rodríguez, Enderson Isrrael Ríos, José Armando Alvarado, Gilbert Orlando Barillas, Roberto Andrés Rondón, Jefferson Fernando Díaz y Carlos Enrique Conde.
Todos ellos fueron condenados por la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración, a la pena de 24 años de prisión.
Añadió que luego que 17 de los involucrados se acogieron a la delación, con la información obtenida a través de estas audiencias, se logró identificar a otros responsables, entre ellos, a la fundación Futuro Presente, creada por Yon Goicoechea, y que se encargaba del financiamiento, logística, alimentación y arrendamiento de los campos de entrenamiento de los mercenarios; por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de los miembros de esta fundación.
“La admisión de hechos no es más que un reconocimiento de culpabilidad por parte del procesado, del hecho o hechos de los que se le acusa; por lo cual solicita al juez de Control o Juicio que proceda a aplicar de inmediato la pena correspondiente al delito. Es un instituto legal para no prolongar el proceso innecesariamente, aplicar una justicia expedita y que además beneficia al procesado con una reducción de la pena”, explicó el Fiscal General.
Saab destacó que la admisión de hechos realizada por estos 17 procesados, demuestra la contundencia de la investigación y de las evidencias recabadas por el Ministerio Público contra ellos y reafirma la veracidad de toda la información difundida sobre este caso, por lo que felicitó fiscales actuantes.
“No descartamos que haya futuras audiencias de este caso en que se produzca el mismo resultado de admisión de los hechos”, enfatizó.
El Ministerio Público ha trabajado arduamente en las investigaciones de todos los intentos de derrocamiento del gobierno legítimamente constituido en Venezuela, que han sucedido desde el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018 y a partir de la cual se han desarrollado 5 acciones armadas y conspiraciones que han tenido como objetivo asesinar o derrocar a las autoridades del país, sin incluir la Operación Gedeón.
Acusados 105 involucrados de la Operación Aurora
El Fiscal General de la República, informó asimismo que por la Operación Aurora se ha acusado a 105 involucrados.
“Ya están a punto de comenzar las audiencias de juicio del caso del intento de magnicidio. Se han fijado las fechas, pero las audiencias han sido diferidas por peticiones de la defensa”, precisó Saab.
En ese sentido, ratificó el compromiso con la paz, con la sanción de todos estos actos de terrorismo y con el cumpliendo de los principios del derecho a la defensa, el debido proceso y el respeto de las garantías procesales.
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